03/2022

La vulneración del derecho al honor por los medios de comunicación

Pareja guardia civil en servicio
Existen determinados supuestos de publicaciones a través de medios de comunicación en los que, por vulnerar el honor de una persona física o jurídica y afectar a su reputación personal o empresarial, se pueda exigir responsabilidad tanto al medio de comunicación concreto como al autor de las publicaciones.

¿Cuál es la Responsabilidad de los medios de comunicación por publicar información no veraz y que vulnera el derecho al honor?

Existen determinados supuestos de publicaciones a través de medios de comunicación en los que, por vulnerar el honor de una persona física o jurídica y afectar a su reputación personal o empresarial, se pueda exigir responsabilidad tanto al medio de comunicación concreto como al autor de las publicaciones.

En estos casos, existe un conflicto entre el derecho al honor y la libertad de información y, la jurisprudencia, con regla general, considera que prevalece el derecho a la información frente al derecho al honor, decantándose, en ocasiones, por dar la razón a quien realiza las publicaciones.

 

No obstante, esa prevalencia de la libertad de información solo existirá, cuando se cumplan tres requisitos:

• Cuando la información comunicada se refiera a un asunto de interés general o relevancia pública, es decir, información que resulte relevante, de forma genérica y desde un punto de vista objetivo, a gran parte de la población por tratarse de un personaje público o de una materia sensible.

• Cuando la información sea veraz; entendiendo por veracidad la jurisprudencia “el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aunque la información con el transcurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar confirmada”.

• O cuando no se usen expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias.

De esta forma, ante publicaciones en prensa que resulten vejatorias y sean inveraces, cabe la interposición de una demanda contra el autor o autores de las publicaciones y, asimismo, contra el medio de comunicación a través del cual se haya producido la vulneración del derecho al honor (diario, programa de televisión o radio, página web, etc.).

 

A través de la demanda, se podrá obtener una sentencia condenatoria con los siguientes pronunciamientos:

1. En primer lugar, se podrá condenar al medio de comunicación a que cese esa intromisión al derecho del honor. Es decir, el diario, programa de televisión, etc., podría ser obligado a dejar de publicar esa información que no es cierta.

2. Además, se podrá exigir una indemnización por los daños y perjuicios que esas informaciones inveraces hayan producido a su reputación como persona física o jurídica.

3. Y, por último, se podrá condenar al medio de comunicación a publicar la sentencia que recaiga en ese litigio en ese mismo medio, con el mismo relieve tipográfico y con una relevancia similar a la información que motivó la demanda. De este modo, que los lectores del diario tendrán acceso a ella en las mismas condiciones que las anteriores publicaciones.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Concepto y clases de responsabilidad civil en lo relativo a la vulneración del derecho al honor por los medios de comunicación social.

1.1. Concepto de responsabilidad civil

Los delitos de injurias y de calumnias son sólo perseguibles a instancia de parte, es decir, es necesario que el ofendido presente la correspondiente querella criminal para que se inicie el procedimiento de persecución del delito. Hemos visto que el ofendido tiene también abierta otra vía, la de la reclamación civil de la LOPC por intromisión ilegítima en los derechos de la personalidad. Será, pues, el ofendido quien haya de decidir si opta por una o por otra vía.

La vía civil es la más habitual para la protección de los derechos de la personalidad. La promulgación de la Ley 1/82 provocó la presentación de un gran número de demandas por la vía civil, en detrimento de la penal. La opción mayoritaria por la reclamación civil se explica porque el agraviado por una intromisión ilegítima de este tipo lo que desea, más que pedir la condena del agresor, es un reconocimiento de su derecho y una indemnización. Los tribunales civiles son más proclives a fijar indemnizaciones elevadas que los penales, a pesar de que para la fijación de la indemnización por la responsabilidad civil derivada del delito los tribunales penales también hayan de aplicar los criterios de la LOPC, de acuerdo con su artículo 1.2 LOPC (en la redacción dada por la disposición adicional cuarta de la LO 10/95, del Código Penal).

Art. 1.2. LOPC

“El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9 de esta Ley. En cualquier caso, serán de aplicación los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito.”

La responsabilidad civil nace cuando se realiza una acción antijurídica que provoca un daño o un perjuicio a otra persona, sea de forma intencionada o por negligencia, dando lugar a la obligación de reparar el daño causado y a indemnizar a los perjudicados. Se trata de la responsabilidad o culpa extracontractual, porque no nace de ningún contrato ni de ninguna relación obligatoria bilateral entre un agente y el perjudicado.

El Código Civil la contempla en el artículo 1902: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” Hay, por tanto, una relación de causa a efecto (igual que en la responsabilidad penal) pero con una diferente consideración. En la responsabilidad penal son necesarios, al menos, dos elementos decisivos: que la conducta del agente esté tipificada como delito en el Código Penal; y que haya un comportamiento intencionado (dolo) o de negligencia punible por parte del autor del delito. Para que puedan reclamarse los perjuicios ocasionados por un ilícito civil los elementos inexcusables que dicho acto debe contener son, según Alfonso de Cossio (1975, pág. 297), los siguientes:

1. ) La existencia de una infracción legal que venga a lesionar un derecho subjetivo.

2. ) Que esa infracción sea imputable a un sujeto que al ejecutarla haya incidido en dolo, culpa o negligencia.

3. ) Que el acto doloso o culpable haya, además, sido causa de un daño susceptible de ser indemnizado pecuniariamente.

Solamente cuando en una acción u omisión concreta concurren estas tres circunstancias, puede hablarse propiamente de un delito civil.”

– Se entiende por dolo la existencia de una voluntad consciente de cometer la infracción.

– Se entiende por culpa o negligencia el acto cometido sin voluntad específica de causar la infracción legal, pero sin la diligencia que ha de considerarse exigible o normal en el caso concreto en que se produzca, lo que los jueces deberán valorar en cada caso.

1.2. Clases de responsabilidad civil

La responsabilidad puede ser personal, cuando de ella deba responder personalmente el infractor. Cuando la responsabilidad alcanza a una pluralidad de sujetos, ésta puede ser solidaria o subsidiaria:

– Es solidaria cuando se puede exigir la responsabilidad a varias personas a la vez por considerarlas a todas como deudores principales. En las obligaciones solidarias, la reclamación puede dirigirse contra uno o contra todos los deudores o responsables civiles. Si un responsable solidario responde de la totalidad de la reclamación, puede reclamar a los restantes codeudores que le reintegren la parte que a cada uno de ellos correspondía pagar. De acuerdo con el artículo 1138 del Código Civil, la responsabilidad solidaria se reparte entre los deudores a partes iguales, a menos que del texto de la obligación no resulte otra cosa.

– Es subsidiaria, cuando es exigible a unas personas que no son causantes del perjuicio, pero que la ley les atribuye responsabilidad por cuenta del deudor principal, en caso de que éste no pueda hacerlo (porque está ausente, porque es insolvente, etc.).

La responsabilidad mancomunada (‘el pago se puede dividir entre los deudores’) no puede darse en la materia que nos ocupa.

2. Caducidad de las acciones civiles

Según el artículo 9.5 LOPC, “las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas”. Este plazo de caducidad no merecería otro comentario si no hubiéramos de ponerlo en relación con el artículo 4.3 de la Ley, que dispone que cuando se trate de personas fallecidas sin herederos, el ejercicio de la acción de reclamación civil corresponde al Ministerio Fiscal o a la persona jurídica designada en testamento “siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado”. Es decir, el fiscal o la persona jurídica designada en testamento podrán interponer la acción de reclamación dentro de los cuatro años desde que pudieron ejercitarla, pero siempre que no hayan transcurrido más de ochenta desde el fallecimiento del afectado.

3. La responsabilidad civil en la prensa escrita

Según el artículo 65.2 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, “la responsabilidad civil por actos u omisiones no punibles será exigible a los autores, directores, editores, impresores (e importadores o distribuidores de impresos extranjeros), con carácter solidario”. El término punible se refiere a actos u omisiones que revisten el carácter de delito penal o de falta administrativa. El artículo 65.3 de la misma ley, dispone que “la insolvencia de las personas jurídicas dará lugar a una responsabilidad civil subsidiaria de sus administradores, salvo que éstos hayan manifestado previamente su oposición formal al acto”. El Tribunal Constitucional ha declarado la expresa vigencia del art. 65.2 de la Ley de Prensa.

“La responsabilidad civil solidaria, entre otros, del director del medio periodístico y de la propia empresa editora se justifica en la culpa in eligendo o in vigilando del editor o del director, dado que ninguno de ellos es ajeno al contenido de la información y opinión que el periódico difunda […]. El director tiene derecho de veto sobre el contenido de todos los originales de periódico (art. 37 de la Ley de Prensa e Imprenta) lo que hace evidente que exigirle responsabilidad civil por las lesiones que pueden derivarse de las informaciones publicadas en el periódico en nada vulnera el derecho a la libertad de información, puesto que este derecho también se ejercita desde la dirección del medio periodístico y, por tanto, puede imponérsele la reparación de los daños que su ejercicio incorrecto o abusivo ocasione a terceros; y lo mismo cabe afirmar de la empresa editora, ya que a ella corresponde la designación del director.” (STC 240/92, que reitera doctrina de las SSTC 171 y 172/90).

Estas sentencias concluyen afirmando que “la aplicación del art. 65.2 de esta Ley no es incompatible con el derecho de libre información”.

La justificación jurídica de la responsabilidad solidaria de la empresa editora podría encontrarse en el cuarto párrafo del art. 1903 del Código Civil cuando prescribe que dicha responsabilidad es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino también a “los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuviera empleados, o con ocasión de sus funciones”. Sin embargo, si el derecho de veto que se confiere al director es absoluto y no puede ser controlado por la empresa editora, no es lógico que se atribuya a ésta responsabilidad solidaria por una decisión del director (la publicación de la información de su redactor) contra la que nada puede hacer. Si de lo que se trata es de asegurar el pago de la indemnización, la declaración de responsabilidad subsidiaria de la empresa editora hubiera sido suficiente. En cualquier caso, parece fuera de lugar la responsabilidad de la empresa impresora.

4. La responsabilidad civil en los medios audiovisuales

La Ley de Prensa es únicamente aplicable a la difusión de informaciones mediante “impresos” (art. 1), entendiéndose por tales “toda reproducción gráfica destinada, o que pueda destinarse, a ser difundida” (art. 9). La Ley de Prensa no es, por tanto, aplicable a los medios audiovisuales. No habiendo una norma específica que regule la responsabilidad civil en los medios audiovisuales, deberemos estar al régimen general del art. 1902 CC que preceptúa: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

a) Medios audiovisuales del Estado y comunidades autónomas: en los medios públicos audiovisuales del Estado o de las comunidades autónomas, el Estatuto de la Radio y la Televisión y la Ley del Tercer Canal, establecen una organización de dichos medios que atribuyen la responsabilidad de la programación al director de la sociedad anónima titular de la emisora y el derecho (y por tanto, la responsabilidad) de supervisión al director general del ente público, por lo que ambos deberán responder civilmente -junto con los autores de la información- de las vulneraciones a los derechos de la personalidad, en virtud del principio establecido por la doctrina del TC señalada anteriormente sobre la culpa in vigilando, así como también lo será la empresa emisora por aplicación del art. 1903 CC.

Art. 1903 CC

“La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se deba responder. […] Lo son (responsables) igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuviera empleados, o con ocasión de sus funciones.”

b) Medios audiovisuales de las administraciones locales y privados: nos remitimos a la doctrina general de la responsabilidad civil (art. 1902 y siguientes del CC) y a lo señalado en el capítulo XXIV con respecto a las formas de organización de las emisoras. La persona física o jurídica titular de la licencia de emisión deberá responder civilmente -junto con los autores del programa- de los daños y perjuicios causados por sus emisiones que vulneren los derechos de la personalidad, cuando los responsables de la intromisión sean personas sujetas a la dirección de dichos medios, bien por una relación de jerarquía (art. 1903, párrafo cuarto), bien por haber adquirido y programado la emisión, cuando se adquieran obras de producción ajena.

Tanto en los medios públicos como en los privados, deberá atribuirse a las personas intervinientes en programas de acceso (debates, entrevistas, reportajes) la responsabilidad de sus propias manifestaciones, en la misma forma que la responsabilidad puede atribuirse a los firmantes de las cartas al director de un periódico.

Autores de obras audiovisuales serán las personas a las que la Ley de Propiedad Intelectual atribuya esta condición en los medios radiofónicos o audiovisuales y sean responsables directos del acto que genera la responsabilidad.

5. La responsabilidad penal

5.1. Responsabilidad sucesiva, excluyente y subsidiaria

El Derecho Penal parte del principio de que solamente pueden delinquir las personas físicas. A diferencia de lo que sucede en la legislación civil, la responsabilidad penal por la comisión de un delito no puede ser nunca solidaria ni se puede atribuir a una persona jurídica.

Las relaciones sociales integran una muy amplia gama de conexiones personales y de lazos económicos, políticos, sociológicos y culturales en los que tienen una importancia decisiva las personas jurídicas, sean organismos públicos o empresas privadas, cuyas actividades pueden desembocar en la comisión de delitos. Sin embargo, el derecho penal no puede considerar autor de un delito a una persona jurídica porque a ésta, por más que se le pueda atribuir voluntad social en el ámbito mercantil, no se le puede condenar a una pena personal (por ejemplo, de privación de libertad).

En derecho penal el problema se sitúa, de una parte, en la necesidad de preservar a la sociedad de las acciones punibles que quieran ocultarse en el anonimato de la complejidad de una persona jurídica; y de otra, en determinar a qué personas se les ha de atribuir la responsabilidad criminal por hechos jurídicamente realizados por las sociedades o por los organismos públicos.

“Las normas penales no contienen excepción alguna para el caso de que los autores o partícipes en un delito estén organizados en forma de persona jurídica. Lo único que sucede es que esa organización que los vincula o reúne es jurídicamente lícita y económicamente relevante, y la ley ha reconocido su peculiar sistema de limitación de responsabilidades, riesgos y beneficios. Para el Derecho Penal el único problema es decidir quién de los miembros que componen la persona jurídica debe responder o soportar la imputación de un delito cuando los actos de ésta o de los sujetos que para ella actúan han vulnerado un interés penalmente tutelado.”

Gonzalo Quintero Olivares (1989). Derecho penal. Parte General (2.ª edición, pág. 572). Madrid: Ed. Marcial Pons.

El art. 27 CP declara criminalmente responsables de los delitos y faltas a los autores y cómplices. No obstante, el art. 30.1 CP se refiere “a los delitos y las faltas que se cometan utilizando medios de difusión mecánicos” (como es el caso de los medios de comunicación) y establece que sólo los autores serán los responsables del delito, excluyendo la posibilidad de que sean cometidos por “cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente”. A continuación, el artículo 30 CP concreta la responsabilidad de los autores:

Art. 30.2. CP

“Los autores […] responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

1. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.

2. Los directores de la publicación o programa en que se difunda.

3. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.

4. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.”

Art. 30.3. CP

“Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.”

Como dice Gonzalo Quintero (1989, 2 ed., pág. 572), se trata de atribuir una responsabilidad sucesiva, “esto es, de responsabilidad criminal por hechos de otro, y por tanto no apoyada en el principio de culpabilidad, puesto que se estructura a partir de presunciones de culpa in vigilando, en atención a la función o protección que se desempeña objetivamente”.

Según el art. 28 CP, no solamente son autores del delito “quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento”, sino que “también serán considerados autores:

– Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo [inductores].

– Los que cooperen a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado [cooperadores necesarios].”

a) Los autores del delito en la prensa escrita. Serán autores:

– Los firmantes de la información o quienes expresen la opinión.

– Quien haya redactado el titular, entradilla, pie de foto, etc. y no quien lo firma. Esto sucede en el caso frecuente de que el autor de la información o del artículo de opinión de un periódico no es quien ha redactado el titular o la entradilla.

– El director del periódico es responsable, en concepto de autor, de todo lo que se publica sin firma en una publicación (el editorial, las informaciones no suscritas, la publicidad que revista carácter de delito). Cuando no conste la fuente de información de una noticia, se entiende que el director la ha obtenido a través de fuentes propias (art. 38 de la Ley de Prensa). La figura del director de periódico ha de entenderse aquí como la de la persona realmente responsable del contenido de la publicación en el momento de la comisión del delito, que por ausencia del director titular puede ser quien realiza sus funciones.

“Ha de tenerse en cuenta que al ser desconocidos los autores materiales del reportaje, la responsabilidad penal sólo podía exigirse del director de la publicación; y dado que éste se encontraba de vacaciones al tiempo de publicarse el reportaje y no pudo, según se tuvo por acreditado, tener conocimiento de la misma, la responsabilidad debía imputarse a quien en aquel momento ejercía las funciones directivas, esto es, al señor B.R., encargado de la redacción en la que se confeccionó el reportaje, y respecto de quien se tuvo por probado que actuó con el dolo o, cuando menos, la culpa suficientes a los efectos de tenerle por autor criminalmente responsable del delito imputado.” (STC 22/95)

b) Los autores del delito en los medios audiovisuales. En los medios audiovisuales, serán autores las personas responsables directas del acto delictivo y, en caso de ser desconocidas, los directores de los medios de los programas o de las obras audio-visuales, según los casos.

5.2. Responsabilidad civil solidaria y subsidiaria en la comisión de delitos

La comisión de un delito genera responsabilidades civiles, además de las responsabilidades penales, cuando se deriven del delito daños o perjuicios. (Art. 116.1 CP)

– Responsabilidad personal. La responsabilidad civil por daños y perjuicios corresponde a los autores del delito. La sentencia condenatoria penal cuantificará la indemnización.

– Responsabilidad solidaria. En los delitos de injuria y calumnia hechos con publicidad, aunque no sea autor, el propietario del medio informativo será responsable solidario con los autores. (Art. 212 CP)

– Responsabilidad civil subsidiaria. Existe también la responsabilidad civil subsidiaria de las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual por los delitos o faltas cometidos a través de los medios de los que sean titulares. Así lo establece el artículo 120.2 del Código Penal, atendiendo a la posibilidad de insolvencia de los autores condenados.

Finalmente, señalemos que, según preceptúa el art. 1.2 LOPC, los jueces aplicarán los criterios del art. 9 de dicha Ley en la determinación de la responsabilidad civil derivada de los delitos contra el honor, la intimidad o la propia imagen.

6. Daños morales e indemnización

6.1. Daños materiales

La Ley no se refiere explícitamente al daño material, pero da por supuesto que hay que resarcirlo. Siempre será posible la reclamación del daño material amparándose en la culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil.

El daño material no se presume, se habrá de probar por parte de quien lo alega. La existencia de daño material supone una evaluación de los daños o desperfectos materiales causados para cuantificar la indemnización. Ésta será independiente de la que por daño moral fije el juez, que habrá de distinguir entre una y otra en la sentencia.

El resarcimiento de daños materiales en materia civil, que dimana del artículo 1.902 del Código Civil, comporta la atribución al demandado de una cierta culpa o negligencia en la comisión del hecho, pero éste podrá probar su inocencia por inexistencia de actitud culposa o negligente.

La intromisión ilegítima en los derechos al honor, la intimidad o la imagen habitualmente no son causa de daños materiales por tratarse de derechos de la personalidad y no de derechos patrimoniales. Un insulto, una fotografía, una información de la vida familiar de una persona, difícilmente producirá un daño material, un perjuicio al patrimonio del afectado. Pero puede darse el caso.

6.2. Daños morales

El artículo 9.3 de la Ley 1/82 presume la existencia de perjuicio moral cuando se acredite que se ha producido una intromisión ilegitima en los derechos de la personalidad. La presunción del daño moral es una garantía de protección de estos derechos fundamentales porque el daño moral, al ser subjetivo de las personas, no puede probarse por la persona perjudicada por la intromisión.

Art. 9.3 LOPC

“La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima.”

Hasta la formulación legal de la LOPC, la responsabilidad civil extracontractual (art.1.902 CC) se fundamentaba en la existencia de daño efectivo y comprobable como presupuesto de cualquier reclamación por perjuicios causados: si se comprobaba el daño, se presumía que el agresor era el culpable. Si no había daño, no había conducta ilegítima y, en consecuencia, tampoco motivo de reclamación. El demandante -el agraviado- para que prosperase su reclamación, tenía que probar la existencia del daño y cuantificar con pruebas materiales el perjuicio que le había sido causado.

Probada la existencia del daño, al agresor le correspondía demostrar su inocencia (por ejemplo, alegando que el daño se había producido por fuerza mayor o por culpa del agraviado o de una tercera persona). La carga de la prueba del daño correspondía al demandante; la carga de la prueba de la inexistencia de responsabilidad correspondía al demandado.

La inversión de la carga de la prueba del artículo 9.3 LOPC tiene un fundamento lógico: en los derechos de la personalidad no se trata tanto de reparar un daño material, como de restablecer al agraviado en sus derechos. Es el reconocimiento del derecho del agraviado y su restablecimiento público, el objetivo principal de la protección de los derechos de la personalidad.

La persona ofendida deberá alegar la intromisión ilegítima y aportar pruebas de su existencia. En muchos casos bastará acompañar a la demanda el recorte de periódico, la cinta grabada o el vídeo. Pero no será preciso que demuestre que le ha afectado moralmente, porque la Ley lo presume, es decir, no hace falta probarlo a menos que la parte demandada pueda probar que no ha habido afectación, lo que no parece posible tratándose de una afectación tan subjetiva. El demandado sólo podrá probar que la intromisión no ha existido.

“Resulta evidente, del tenor del art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, que la mencionada compañía no venía obligada a probar la existencia de un daño patrimonial en sus intereses como consecuencia de la publicación de dicho reportaje. Bastaba constatar una intromisión en el honor de la entidad recurrente y que ésta no fuera legítima para reconocer, por parte de la resolución recurrida, una efectiva lesión al honor de la entidad”. (STC 139/95)

La presunción de la existencia de daño moral, cuando se produce una intromisión ilegítima en los derechos de la personalidad, es una consecuencia novedosa de la constitucionalización de estos derechos. A un daño moral debería corresponderle una responsabilidad moral por parte de ofensor y la lógica nos llevaría hacia una sanción de tipo moral. En un estado de derecho, no obstante, el poder público no puede infligir penas morales, porque las responsabilidades así concebidas acarrearían a la persona un cierto grado de indignidad. Por ello, la responsabilidad moral se exige traduciendo la valoración del daño moral en indemnización pecuniaria.

Los daños materiales se valoran según el peritaje de los bienes afectados. Los daños morales, sin ningún elemento material que sirva de referencia, se valoran también en dinero mediante la aplicación de los criterios que veremos a continuación. Por ello, podemos decir que más que la exigencia de una responsabilidad moral, lo que hace la Ley es dar a esta responsabilidad un carácter de sanción económica en una pena civil.

Como vemos, en la vía civil rige el principio inverso de la vía penal (por delito de injuria o calumnia) en que el principio es el de la presunción de inocencia. Recordemos que en la vía penal, una vez establecido que se produjo la injuria o la calumnia, ha de probarse que el acusado, además, ha tenido ánimo de ofender y ha actuado con dolo en la comisión de dicha injuria o calumnia.

6.3. La indemnización por daños morales

La Ley deja a la decisión de los jueces la fijación del importe de la indemnización, estableciendo unos criterios de valoración de carácter abstracto que la discrecionalidad de los jueces deberá valorar. Estos criterios, establecidos en el artículo 9, son los siguientes:

– Evaluación de las circunstancias del caso: criterio abierto, lógico, pero que da lugar a una gran disparidad de decisiones judiciales. En toda cuestión jurídica se han de tener siempre en cuenta las circunstancias del caso, pero la forma de evaluarlas es subjetiva y heterogénea.

– Criterio de la gravedad de la lesión efectivamente producida: tratándose de daños morales, es difícil objetivar los efectos de la lesión, por lo que la subjetividad judicial continuará siendo la medida efectiva de la valoración.

– La difusión de la ofensa: que la ley une al concepto de gravedad de la lesión al preceptuar que “se tendrá en cuenta la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido”. Este criterio es más objetivo, ya que el honor queda menos afectado por una intromisión en un medio local de poca difusión, que si se realiza en un periódico de gran tirada o en un telediario.

– El enriquecimiento del infractor: la ley dice que “también se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”. Éste sí que es un criterio objetivo, ya que se trata de un beneficio material y, por tanto, valorable en dinero como lo es el daño material. El beneficio material deberá probarse o, al menos, estimarse.

Este último criterio, sin embargo, es un tanto discutible, porque la sanción civil que corresponde al infractor no se debería medir según los beneficios que haya obtenido (moralmente inexistentes), sino sobre el mal causado al agraviado. Evaluar la sanción civil según el beneficio del infractor no tiene sentido, porque de lo que se trata es de reparar un daño. Que la Ley considere el beneficio del causante de la lesión a efectos indemnizatorios tiene lógica en el sistema de derecho civil, porque ciertamente no es tolerable que una persona obtenga injustamente un beneficio de una acción ilegítima que perjudica a otro (enriquecimiento injusto). Pero más lógica tendría si se obligase al infractor a devolver el producto de su enriquecimiento en forma de multa, que revertiría a la colectividad, porque, en definitiva, el agraviado ha de obtener una indemnización justa, no con un plus que lo enriquezca personalmente.